Graves irregularidades fueron detectadas en las auditorías de pensiones no contributivas por invalidez realizadas entre el 1 y el 8 de agost...
El caso replica lo ocurrido en la provincia de Misiones, donde el cardiólogo de Pergamino, Leandro Peñaloza, denunció que utilizaron su firma y matrícula sin consentimiento. En Paraná también se hallaron certificados que llevaban su sello, pese a que el profesional aseguró no haber intervenido en las revisiones.
Ante esta situación, distintos organismos provinciales y municipales presentaron una denuncia conjunta en la Justicia Federal para que se investigue la posible comisión de delitos. La acción fue encabezada por la Defensoría del Pueblo, el Órgano de Revisión de Salud Mental, profesionales del Hospital Escuela de Salud Mental e Iprodi.
Preocupación por los beneficiarios
López advirtió además por el impacto sobre los pensionados: “Hay personas que ya perdieron el beneficio porque no asistieron a la auditoría, pero en realidad nunca fueron notificadas. Otros nos consultaban si debían presentarse o no, porque no tenían información oficial”.
La defensora también cuestionó la falta de claridad del proceso: “Nos atendieron cordialmente, pero reconocieron que no tenían un padrón de citaciones. Nos informaron que eran una consultora externa contratada por Andis, lo que muestra la poca seriedad con que se llevaron adelante estas auditorías”.
La denuncia fue respaldada por profesionales y organismos que acompañaron las jornadas de revisión. “Nos turnamos para estar presentes durante las auditorías y lo que buscamos es que la Justicia investigue y se garanticen los derechos de los beneficiarios”, concluyó López.
En paralelo, la Asociación de Defensorías del Pueblo gestiona una reunión con las autoridades nacionales de Andis para esclarecer lo ocurrido, en el marco de la intervención vigente en el organismo. Mientras tanto, continúan las dudas sobre la situación de quienes ya sufrieron la suspensión de sus pensiones.
Fuente: El Once
