La Iglesia ratificó su crítica a la baja en la edad de imputabilidad
“No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos”, decía la Iglesia en marzo de 2025 cuando el cambio de la ley Penal Juvenil que establece la edad punible a los 16 años estaba en vías de modificación.
De hecho, el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil obtuvo dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados en mayo de ese año, auque no se llegó a debatir en el recinto.
Menos de un año después, el tema vuelve a estar plenamente instalado en la agenda política y pública, luego de que el gobierno nacional decidiera incluirlo en las sesiones extraordinarias de febrero.
Es decir que la modificación de la Ley Penal Juvenil, que tiene como eje principal la baja en la edad de imputabilidad, está habilitado para el debate del Congreso Nacional. El piso propuesto por el oficialismo es de 13 años mientras que el dictamen de 2025 estableció un mínimo de 14 años.
En el documento reflotado ahora por la Comisión Episcopal de Pastoral Social se plantea el contexto que llevó a la situación actual.
“Desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo”, dice.
“Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”, advierte.
Solidaridad
En medio del debate social y político respecto de la baja de la edad de imputabilidad “deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”, decía la Pastoral entonces.
Esta reflexión cobra particular actualidad luego del asesinato de Jeremías Monzón, el joven santotomesino de 15 años cuya muerte violenta, por la que está imputada una joven de 16 años mientras que dos adolescentes de 14 quedaron en libertad, aceleró el debate que impulsa ahora el gobierno de Javier Milei.
Ante estas situaciones dolorosas “se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.
“Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC-SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023, en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total (En los casos de homicidio doloso, los inculpados menores de 14 años fueron sólo el 0,64 % del total, y los inculpados menores de entre 15 y 19 años, el 13,12 %)”.
Fuente: El Litoral
De hecho, el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil obtuvo dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados en mayo de ese año, auque no se llegó a debatir en el recinto.
Menos de un año después, el tema vuelve a estar plenamente instalado en la agenda política y pública, luego de que el gobierno nacional decidiera incluirlo en las sesiones extraordinarias de febrero.
Es decir que la modificación de la Ley Penal Juvenil, que tiene como eje principal la baja en la edad de imputabilidad, está habilitado para el debate del Congreso Nacional. El piso propuesto por el oficialismo es de 13 años mientras que el dictamen de 2025 estableció un mínimo de 14 años.
En el documento reflotado ahora por la Comisión Episcopal de Pastoral Social se plantea el contexto que llevó a la situación actual.
“Desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y que permita a todas las familias del país vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo”, dice.
“Esto ha provocado innumerables problemas entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”, advierte.
Solidaridad
En medio del debate social y político respecto de la baja de la edad de imputabilidad “deseamos, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”, decía la Pastoral entonces.
Esta reflexión cobra particular actualidad luego del asesinato de Jeremías Monzón, el joven santotomesino de 15 años cuya muerte violenta, por la que está imputada una joven de 16 años mientras que dos adolescentes de 14 quedaron en libertad, aceleró el debate que impulsa ahora el gobierno de Javier Milei.
Ante estas situaciones dolorosas “se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.
“Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen. De acuerdo con la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana (SNIC-SAT), del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2023, en Argentina, los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total (En los casos de homicidio doloso, los inculpados menores de 14 años fueron sólo el 0,64 % del total, y los inculpados menores de entre 15 y 19 años, el 13,12 %)”.
Fuente: El Litoral
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