Diputados: El oficialismo consiguió aprobar la modificación de la Ley de Glaciares con un amplio margen
En una sesión histórica de más de 10 horas, el oficialismo logró aprobar la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la Cámara de Diputados.
La normativa modifica la Ley 26.639, que regula la protección de las zonas glaciares y periglaciares. Con este cambio, se redefinen esos conceptos y se establece que las provincias serán las encargadas de determinar qué áreas integran el inventario glaciar. Aquellas zonas que queden fuera de ese esquema podrán habilitarse para actividades productivas, como la minería.
El comunicado dijo que se trata de una “reforma histórica, que aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley".
La Oficina del Presidente advirtió que la legislación vigente “era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger". Consideró que “eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.
El Gobierno mencionó que “estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)”. Destacó que “la reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.
El comunicado planteó que los cambios en la ley, “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, reafirman que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.
La Oficina del Presidente habló de “intentos de interferencia de organizaciones extranjeras que fracasaron” y dijo que “los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”. Planteó que “las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.
El Presidente les agradeció “a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma” y expresó “un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), así como a la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, al Secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González y al Secretario de Minería, Luis Lucero, y sus respectivos equipos, quienes, en conjunto, trabajaron durante un año en la elaboración y redacción de esta reforma”.
El Gobierno habló de un “esfuerzo coordinado que permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido” y consideró que, a partir de ahora, la Argentina “vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”.
La Oficina del Presidente advirtió que la legislación vigente “era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger". Consideró que “eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.
El Gobierno mencionó que “estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)”. Destacó que “la reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.
El comunicado planteó que los cambios en la ley, “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, reafirman que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.
La Oficina del Presidente habló de “intentos de interferencia de organizaciones extranjeras que fracasaron” y dijo que “los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”. Planteó que “las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.
El Presidente les agradeció “a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma” y expresó “un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), así como a la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, al Secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González y al Secretario de Minería, Luis Lucero, y sus respectivos equipos, quienes, en conjunto, trabajaron durante un año en la elaboración y redacción de esta reforma”.
El Gobierno habló de un “esfuerzo coordinado que permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido” y consideró que, a partir de ahora, la Argentina “vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”.
Fuente: TN
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